Alejandro Gil busca cerrar flancos legales derivados de su gestión en Clínica Las Condes

El expresidente de Clínica Las Condes podría cerrar en abril dos causas penales mediante acuerdos con la Fiscalía, mientras enfrenta una nueva querella vinculada a su período al mando del recinto de salud.

El expresidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil Gómez, enfrenta semanas clave en el plano judicial. El próximo 4 de abril podrían cerrarse dos investigaciones penales en su contra, ambas relacionadas con su gestión en el centro de salud, mediante salidas alternativas que se negocian con la Fiscalía ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago.

Los procesos que podrían concluir corresponden, por un lado, a una causa iniciada por un grupo de 35 médicos que lo acusan de apropiación indebida, y por otro, a una querella por calumnia presentada por el exgerente general de CLC, Fredy Jacial. Ambas investigaciones se encuentran formalizadas y cuentan con audiencias fijadas para evaluar una eventual suspensión condicional del procedimiento.

Cierre parcial y nuevo frente judicial

Según conocedores de las tratativas, un acuerdo permitiría a Gil poner fin a estos conflictos, reducir su exposición pública y evitar una eventual condena, a cambio de reparaciones económicas. En el caso de los médicos, las acusaciones apuntan a la presunta retención indebida de dineros cobrados a pacientes, mientras que la causa de Jacial se originó tras su absolución definitiva en una querella por administración desleal interpuesta cuando Gil presidía la clínica.

Sin embargo, el posible cierre de estos flancos ocurre en paralelo a la apertura de un nuevo proceso judicial. En enero de este año, los actuales controladores de Clínica Las Condes —Indisa y EuroAmerica— interpusieron una querella por presunta entrega de información falsa al mercado, a partir de auditorías forenses realizadas a los estados contables de la institución.

Aunque la acción penal no menciona de forma explícita a Alejandro Gil, sí apunta a presuntas inconsistencias detectadas durante el período en que el Grupo Auguri, representado por el empresario, controló la clínica, lo que podría volver a situarlo bajo la atención del Ministerio Público.

Abogados de algunos querellantes han señalado que no han sido considerados en eventuales acuerdos con la Fiscalía y han solicitado nuevas diligencias para profundizar la investigación sobre la responsabilidad penal del exdirectivo. Desde la defensa de Gil, en tanto, declinaron realizar comentarios sobre las causas en curso.

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