Reajuste de contratos

En medio del escenario económico tras la pandemia, los proveedores del sector salud viven una fuerte crisis a nivel mundial.

En nuestro país, la industria está en alerta pues las licitaciones realizadas por el Estado con servicios de salud y hospitales a través de Chilecompra, no han tenido reajustes pese a que hay indicadores económicos preocupantes como el incremento del dólar, una inflación acumulada de 12,5% y un alza generalizada en los valores de los insumos y fletes a nivel internacional.

Chile no es productor de dispositivos médicos, por lo tanto, más del 90% de los productos de este tipo utilizados por el Estado se importan desde diversos mercados, siendo los más relevantes Asia, Europa y Estados Unidos.

La situación inquieta: hay empresas que firmaron contratos con el Estado a largo plazo -cinco años-, periodo en que los costos han subido drásticamente. Este escenario lleva a que diversas compañías hoy estén trabajando a pérdida, pues pese a existir una Directiva -la número 40- que sugiere a los servicios reajustar los contratos, ésta no es vinculante y, por tanto, las instituciones de salud y hospitales prácticamente no la aplican.

En ese marco, se requiere con urgencia que el Ministerio de Salud instruya a los servicios de salud a nivel nacional considerar un ajuste en los contratos tomando en cuenta los factores mencionados, tal como lo han hecho algunos establecimientos de manera puntual.

Estas adversas condiciones finalmente están generando un clima discriminatorio con las empresas de menor tamaño, concentrando las compras en las grandes compañías transnacionales, reduciendo los participantes en las licitaciones, lo que se ha traducido en que el Estado esté comprando a menos competidores y a un mayor precio.

Cualquier licitación pública tiene que dar cobertura a un aspecto básico que es buscar el equilibrio financiero, que se tiene que presentar en el momento de la adjudicación y su posterior ejecución.
Este problema también pone en riesgo la seguridad del paciente, pues al tener menos oferentes se está dejando fuera de competencia a muchas empresas de menor tamaño que, históricamente, han trabajado y desarrollado productos junto con los servicios de salud. Todo ello también podría afectar una adecuada evaluación de las tecnologías sanitarias.

Hasta ahora, el Minsal se ha negado a dialogar, lo que nos parece grave, sobre todo considerando la crisis que vive el país con listas de espera para cirugías y atención que ya son casi insostenibles.

Un ejemplo a observar es el de España: la industria local que fabrica equipamiento médico exigió al gobierno una modificación legislativa para poder indexar los contratos y así enfrentar la dura situación económica, lo que se ha repetido en Portugal, Italia y Francia. Sigamos ese modelo.

Eduardo del Solar

Director ejecutivo de APIS

Presidente Convergencia de Gremios PYMES de la Salud, Transportes y Cooperativas.

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