Abogada emitió $215 millones en facturas a laboratorios mientras asesoraba a senadores durante la discusión de ley de Fármacos 2

En total fueron 45 facturas las que emitió la abogada Andrea Martones a laboratorios farmacéuticos según un oficio del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En total fueron 45 facturas las que emitió la abogada Andrea Martones a laboratorios farmacéuticos según un oficio del Servicio de Impuestos Internos (SII). El problema es que durante ese tiempo la profesional asesoraba a senadores durante la tramitación de la Ley de Fármacos 2. Según da cuenta La Tercera, el dinero fue pagado por diferentes servicios, en su mayoría definidos como “asesoría jurídica”. Entre los clientes de Martones SpA, se encuentran Pfizer, CSL Behring, Laboratorio Chile, Novartis, Roche, Abbvie, Merck, Takeda y Boehring Ingelheim, todos laboratorios que son socios de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF).

CSL Behring fue quién pagó más dinero por las asesorías a Martones, con un total de $54 millones, a PTC Therapeutics por $53 millones y a Takeda por $36 millones. También y tal como evidencia el oficio del SII, en el periodo en que Martones fue asesora de los senadores también aparece una factura por $464 mil emitida a Socofar S.A., sociedad matriz de la cadena de farmacias Cruz Verde.

La investigación del Ministerio Público por los delitos de cohecho y soborno contra la abogada Andrea Martones, comenzó hace más de un año. Mediante un oficio reservado el SII informó que los pagos ocurrieron entre marzo de 2020 y enero de 2022, mismo periodo en que Martones jugó un rol clave durante la tramitación de la ley que busca regular a laboratorios y farmacias. Se trata del proyecto de ley busca regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, donde la presencia de Martones se había vuelto una costumbre, ya que había asistido en calidad de asesora «ad honorem» en 23 de las 28 sesiones a petición de los entonces senadores Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Carolina Goic (DC).

Hay que recordar que la relación de Martones con el senador Girardi ya había sido motivo de polémica al interior de la comisión mixta, ya que en 11 de las sesiones su asistencia quedó oficialmente registrada como “asesora del senador Girardi”. Además, en octubre de 2020, Girardi aclaró que no era su asesora, sino que sólo se consignó su apellido para los trámites de ingreso al Senado. Desde ese día en adelante, Martones participó como “experta en legislación sobre fármacos y dispositivos médicos”.

Cronología de las polémicas asesorías

 Como jefa de asesoría jurídica del Instituto de Salud Pública y asesora en asuntos regulatorios de la Subsecretaría de Salud Pública en el segundo mandato de Michelle Bachelet, Martones ya había justificado la necesidad de colaborar en el proyecto. Sin embargo, su activo rol desató acusaciones cruzadas de presiones y lobby que terminaron con una investigación penal por parte del Ministerio Público por posibles delitos de cohecho y soborno.

En enero del año pasado, durante una de las sesiones de la comisión, se supo que Martones mantenía vínculos comerciales con los laboratorios, uno de los actores de la industria que precisamente se busca regular a través de la ley. Esta situación dejó al descubierto el vacío legal en el que trabajan quienes asesoran sin pago ni contrato a los legisladores en la tramitación de los proyectos de ley, un espacio abierto para que diferentes intereses puedan ejercer alguna influencia burlando los registros obligatorios establecidos por la Ley del Lobby.

Luego comenzó a circular en redes sociales la imagen de una factura de $16 millones emitida en junio de 2020 por Martones SpA, sociedad de Andrea Martones, por un servicio prestado a la CIF, gremio que agrupa a 23 laboratorios internacionales con presencia en Chile, uno de los actores que la nueva ley busca regular con más fuerza. La situación llevó a algunos miembros de la comisión a pedir la suspensión de la tramitación del proyecto, mientras que otros acusaron que se trataba de una operación política para impedir la aprobación de la ley. Tras la sesión, el diputado Andrés Celis (RN) presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

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