El sistema de licencias médicas en Chile enfrenta su mayor crisis reputacional tras revelarse que al menos 1.470 médicos firmaron 30.870 licencias entre enero de 2023 y junio de 2025 mientras se encontraban, paradójicamente, con licencia médica activa. La situación, investigada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), ha revelado prácticas irregulares que comprometen tanto la ética profesional como la confiabilidad del sistema.
Uno de los hallazgos más alarmantes es la detección de 121 médicos que se emitieron licencias de forma cruzada entre ellos, y otros 278 que firmaron documentos a pesar de estar en condición de reposo, algunos de ellos también beneficiándose de licencias emitidas por otros colegas en la misma situación. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, calificó estos actos como “de la máxima gravedad”, subrayando que quienes mejor conocen el sistema son justamente los que deberían velar por su correcto uso.
A raíz del escándalo, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) instruyó a los operadores de licencias electrónicas —Imed y Medipass— implementar la suspensión automática de médicos que estén con licencia vigente, además de visibilizar alertas y estadísticas de emisión dentro de la plataforma. El objetivo: prevenir la emisión de licencias sin atención médica o fundamento clínico válido.
El perfil de los profesionales involucrados muestra una diversidad preocupante: 46 % son chilenos, seguidos por venezolanos (24 %), colombianos (11 %) y ecuatorianos (9 %). Más del 60 % trabaja en el sistema público, lo que ha motivado la notificación de sus jefaturas para evaluar sanciones administrativas. Entre los casos más extremos, se identificó a un médico que firmó 1.483 licencias, equivalentes a más de 37.000 días de reposo, promediando una licencia cada cinco minutos.
Este caso ha impulsado la implementación de nuevas normativas. Desde mayo, las sanciones para los médicos infractores han sido endurecidas, incluyendo multas mayores, suspensión de la capacidad de emitir licencias e incluso la inhabilitación perpetua para ejercer en el sector público. La crisis, ahora instalada, plantea la urgencia de robustecer los mecanismos de control y proteger un instrumento clave de la seguridad social.
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