Desde este 1 de enero comenzó a regir una nueva normativa para los campos clínicos en Chile, orientada a prevenir situaciones de acoso, hostigamiento y maltrato durante la formación práctica de estudiantes de carreras del área de la salud. La regulación busca garantizar entornos de aprendizaje seguros, así como mecanismos claros de denuncia y sanción frente a eventuales vulneraciones de derechos.
La medida fue elaborada por la Superintendencia de Educación Superior, con apoyo del Ministerio de Salud, universidades, instituciones formadoras y representantes estudiantiles, y se aplica a todas las instituciones con programas de salud que utilizan campos clínicos para prácticas e internados.
Un cambio impulsado por la salud mental y la prevención
La normativa surge tras el suicidio de Catalina Cayazaya (26), estudiante de Terapia Ocupacional, ocurrido en abril de 2024, caso que visibilizó la precariedad de los resguardos frente al hostigamiento y la presión laboral en contextos clínicos. A casi dos años de su fallecimiento, el nuevo reglamento apunta a evitar que situaciones similares se repitan.
Entre sus principales disposiciones, se establece la obligación de contar con un canal único de denuncias, con posibilidad de anonimato, además del deber institucional de realizar seguimiento activo de los casos e informar a la Superintendencia de Educación Superior. El reglamento también contempla medidas de protección para víctimas y denunciantes, evitando represalias y procesos de revictimización.
En materia preventiva, todos los académicos con funciones de supervisión deberán recibir capacitación obligatoria en pedagogía clínica, ética, enfoque de género, salud mental y derechos humanos. Asimismo, se incorporarán mecanismos de evaluación periódica del desempeño docente, con participación de los propios estudiantes. En el caso del personal de salud que colabora en labores docentes, las instituciones deberán ofrecer formación, aunque su aceptación será voluntaria por parte de los campos clínicos.
Respecto a la fiscalización, el superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, explicó que las instituciones deberán presentar reportes semestrales con el registro de denuncias y las medidas adoptadas, además de aplicarse encuestas voluntarias a estudiantes que hayan realizado prácticas clínicas. En caso de incumplimientos, la normativa contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta multas de hasta 500 UTM, según la gravedad de la infracción.
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