Desde la sociedad reconocen que la maternidad subrogada plantea importantes desafíos éticos y que existen experiencias internacionales en las que se han producido abusos, especialmente hacia mujeres en situación de vulnerabilidad, sin embargo, advierten que la respuesta no puede ser la prohibición absoluta ni el castigo penal generalizado.
“SOCMER considera indispensable avanzar hacia un marco regulatorio responsable, que proteja de manera efectiva a las mujeres frente a cualquier forma de coerción o explotación económica, garantice el interés superior del niño y sus derechos, y distinga claramente entre subrogación comercial y subrogación altruista, estableciendo controles estrictos sobre intermediarios y centros de salud”, señaló la presidenta de la sociedad, la Dra. Abril Salinas.
Asimismo, expresaron su preocupación por la forma en que se ha adoptado esta decisión legislativa, sin un debate amplio, informado y con participación de expertos. A juicio de SOCMER, esta situación desconoce la diversidad de proyectos de familia existentes en la sociedad chilena y afecta especialmente a parejas con problemas de infertilidad, personas solas y parejas del mismo sexo, para quienes la gestación por sustitución puede construir una vía legítima para formar familia, incluso en modalidades estrictamente altruistas y sin lucro.
SOCMER también alertó sobre una de las disposiciones del proyecto que prohíbe “a cualquier título la transferencia de óvulos con fines reproductivos a un establecimiento de salud”, lo que, en la práctica, restringe gravemente la ovodonación y el acceso a tratamientos de reproducción asistida.
“Esta medida impacta directamente a mujeres y parejas que dependen de la donación de óvulos para tener hijos, e implica una regresión injustificada en materia de derechos reproductivos, desconociendo avances médicos y cerrando alternativas legítimas y solidarias para la conformación de una familia”, advirtió la Dra. Salinas.
Finalmente, SOCMER reiteró su llamado a abrir un debate legislativo serio, informado y basado en evidencia científica, que permita abordar de manera integral los desafíos éticos, médicos y sociales asociados a la maternidad subrogada, sin restringir derechos ni cerrar la puerta a una regulación responsable.
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