35 médicos mantienen demanda contra CLC por apropiación indebida de honorarios.

Durante el período que abarca desde el 13 de julio de 2022 hasta el 25 de agosto de 2023, un conjunto compuesto por 35 médicos ha presentado un total de 30 querellas dirigidas en contra de la institución conocida como Clínica Las Condes (CLC). En estas querellas, se acusa a la empresa de llevar a cabo presuntas actividades delictivas relacionadas con la apropiación indebida de recursos. Los denunciantes en cuestión son doctores que habían establecido acuerdos contractuales para ofrecer sus servicios a través de sus respectivas sociedades.

Este conflicto se inserta en el marco de una serie de tensiones que se han ido acumulando en la administración de la entidad, la cual es encabezada por el empresario Alejandro Gil Gómez. Gil Gómez ostenta la posición de presidente en la compañía, la cual está bajo el control de su pareja, Cecilia Karlezi, mediante la sociedad Luces Tres.

Recientemente, en una acción legal presentada el viernes pasado, el anestesista cardiovascular Rodrigo Díaz, a través de su entidad denominada Servicios de Anestesia y Medicina Perioperatoria SpA, ha exigido compensación por supuestas irregularidades. Díaz, quien había ejercido en la clínica durante un período de 21 años, busca la restitución de una suma que supera ligeramente los $100 millones. En este proceso legal, el doctor Díaz es asesorado por la abogada Catherine Lathrop, y su demanda incluye el reclamo por los honorarios correspondientes a los años 2020 y 2021.

Dentro de su querella, Díaz sostiene que desde la entrada del nuevo controlador a la clínica, comenzaron a surgir cambios que tuvieron un impacto negativo progresivo. Estos cambios incluyeron la firma de un contrato marco que establecía deducciones de comisiones, las cuales no existían anteriormente. Además, se comenzaron a restar honorarios por el uso de horarios de consulta, a pesar de que los anestesistas no llevan a cabo consultas en ese sentido.

Según el relato de Díaz, en 2021 la gerencia general y los controladores decidieron pagar a los médicos únicamente una vez que el paciente hubiese concluido sus pagos. Como resultado, se generaba un desfase en los pagos correspondientes a las cirugías, con un período de demora de entre cuatro y seis meses. Esta situación facilitó que los fondos que debían ser entregados o pagados a los médicos fueran apropiados de manera más sencilla.

Patricio Fernández, abogado representante de los denunciantes y encargado de la querella en nombre de 12 médicos, ha explicado que actualmente se encuentra a la espera de un peritaje que debe ser proporcionado por la Brigada del Crimen de la Policía de Investigaciones (PDI). Dicho peritaje se basa en medidas intrusivas que han sido autorizadas. Paralelamente, la Bridec está llevando a cabo una serie de entrevistas a testigos, y como resultado de este proceso han emergido nuevos testimonios. Debido a esto, el informe policial aún no ha sido finalizado.

El jurista asegura que los pacientes han realizado pagos por los servicios médicos recibidos, pero los correspondientes honorarios médicos no han sido transferidos adecuadamente a los doctores. En los meses venideros, se espera que la Fiscalía Metropolitana Oriente reciba el informe elaborado por la PDI y tome una decisión con respecto a la posible formalización de cargos contra los ejecutivos involucrados en esta situación. «Hemos presentado querellas en contra de Alejandro Gil e Ignacio Tapia, quienes ocupan los cargos de presidente y ex gerente general de CLC, respectivamente. También estamos a la espera del peritaje contable, el cual determinará el monto exacto de lo que ha sido apropiado», añadió Fernández.

Sin embargo, no todos los médicos han buscado el reclamo de sus remuneraciones mediante procedimientos penales. Algunos han decidido recurrir a vías civiles, como es el caso de Sociedad Médica LA Limitada, la cual ha iniciado un proceso de juicio sumario relacionado con la recuperación de sus honorarios en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago.

Frente a esta serie de acciones legales, la Clínica Las Condes (CLC) ha presentado una solicitud ante el juzgado civil, argumentando que el tribunal carece de competencia en este asunto, ya que considera que el conflicto debe ser resuelto a través de un proceso de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM). Esto está en línea con lo establecido en el contrato marco que estableció los términos de la relación con dicha sociedad.

En el presente momento, la defensa de CLC se encuentra en medio de un proceso exhaustivo de análisis de las transferencias realizadas. El objetivo de este proceso es demostrar que, en algunos casos, sociedades médicas han recibido montos superiores a los que les correspondía en concepto de honorarios.

Además, en los litigios en curso, la clínica ha sostenido que tuvo que emitir bonos en el extranjero para poder pagar a los médicos bajo el sistema de remuneración anterior.

En medio de la disputa legal con sus ex médicos, la Clínica Las Condes ha decidido cambiar de equipo legal. Ha finalizado su relación con el abogado especialista en temas penales Marcelo Sanfeliú y ha contratado a Álvaro Jofré, Sebastián Oddó y Martín Coronado en su reemplazo.

La investigación está siendo llevada a cabo por la fiscal Karin Naranjo. Recientemente, ella presentó una solicitud ante el Primer Juzgado Civil de Santiago para obtener una copia del expediente del litigio entre Clínica Las Condes y el Fisco de Chile. Esto es parte de la demanda de indemnización por perjuicios presentada por la empresa, en la que se exige la restitución de $37 mil millones debido a la atención de pacientes con COVID durante la pandemia.

Siguiendo esta línea, a comienzos de este año, los abogados de la clínica, Álvaro Jofré y Josefa Bejarano, solicitaron a la fiscal Naranjo citar al contador de CLC, Gustavo Delgado. Se espera que Delgado se refiera a las negociaciones mantenidas con el doctor Joaquín Lara, uno de los primeros en presentar una demanda. Lara está representado por el abogado Patricio Fernández y la demanda se relaciona con una supuesta «deuda que el demandante tiene con nuestra representada».

Por otro lado, el 31 de marzo de este año, la fiscal Naranjo emitió una orden de investigación al jefe de Cibercrimen de la PDI. Esto fue con el propósito de realizar diligencias para identificar al usuario de la cuenta en Twitter @CLC_Miente y respaldar su contenido. Posteriormente, dicha cuenta fue desactivada.

Asimismo, en la misma fecha, la fiscal solicitó a CLC que proporcionara de manera voluntaria la documentación financiera y contable correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023.