La creciente crisis de seguridad de los últimos años ha tenido repercusiones no solo en la población en general, sino también en el sistema sanitario. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsal) proporcionados mediante la Ley de Transparencia, en 2023 se registraron 7,184 agresiones contra funcionarios de los servicios de salud en el país, marcando un fuerte aumento en comparación con las 6,156 agresiones reportadas en 2022. Estas cifras son tres veces más altas que las de 2021, cuando se contabilizaron 2,343 casos, un período caracterizado por los confinamientos debido a la pandemia.
No solo ha habido un incremento en las agresiones hacia los trabajadores de la salud, sino también en los ataques a sus instalaciones y equipos, lo que ha llevado a la implementación de medidas de seguridad adicionales por parte de los mismos trabajadores.
Gabriela Flores, presidenta de la Confusam, el gremio que representa a los trabajadores de la atención primaria de salud y que protagonizó un paro, entre otras razones, por el aumento de la violencia y las agresiones al sector, señala que «todos los días, en algún lugar del país, se produce una agresión contra un trabajador, se dañan nuestras instalaciones laborales, se atacan los vehículos que transportan a los colegas y a los usuarios; se rompen parabrisas, lunetas; se roban vehículos (…). Aunque contamos con la Ley de Consultorio Seguro, esta no se aplica de manera adecuada, ya que Carabineros tarda hasta dos horas en llegar después de que alguien ha sido agredido».
En la región de La Araucanía, la inseguridad del personal sanitario ha alcanzado niveles preocupantes debido a los frecuentes ataques incendiarios que se registran en la zona.
Carlos Rojas, presidente de la Confusam local, señala que si bien han rechazado medidas más extremas, como el uso de chalecos antibalas y cascos, han optado por acciones como adelantar el cierre de las postas de atención a las 17:00 horas en lugar de las 20:00 horas habituales. Además, cuando se produce algún ataque o amenaza, se suspenden las rondas en la zona, lo que afecta la atención a los pacientes.
Incluso, se están fortaleciendo las medidas de seguridad en las ambulancias: «Hemos enfrentado situaciones donde los trabajadores han tenido que protegerse, incluso lanzándose al suelo, durante enfrentamientos entre comunidades mapuches y Carabineros que ocurren en el lugar (…). En las ambulancias, hemos avanzado en la instalación de láminas de seguridad en los vidrios y estamos considerando un blindaje adicional», explica.
«Estamos en una situación donde lo que antes era excepcional se está convirtiendo en algo común», añade Rojas, refiriéndose a la preocupante normalización de la violencia en la región.
En Alto Hospicio, Región de Tarapacá, la situación es similar, donde la creciente ola migratoria ha obligado a adoptar medidas extremas. Algunos trabajadores de la atención primaria que se desplazan en ambulancia y deben atender en zonas conflictivas, como tomas y campamentos, lo hacen equipados con cascos de guerra y chalecos antibalas.
Víctor Vega, jefe de servicios de urgencia de las APS locales, explica que con la llegada masiva de inmigrantes a la región, han proliferado las tomas de terrenos y la gravedad del delito ha cambiado, llegando incluso a presenciar personas armadas con metralletas, lo que motivó la implementación de estas medidas de protección.
Sin embargo, tras cerca de dos años de aplicar estas medidas, Vega advierte que «es una falsa seguridad claramente. No significa que estemos seguros, estamos normalizando una situación anormal». Además, se han implementado otras medidas, como el aumento de cámaras de seguridad para prevenir cualquier tipo de agresión, ya que el incremento en la demanda asistencial ha generado situaciones de tensión, incluso con agresiones de gran magnitud por parte de los pacientes.
Luis Castillo, exsubsecretario de Redes Asistenciales, destaca la necesidad de que los municipios y los servicios de salud tomen medidas adicionales, como la vigilancia permanente a través de Carabineros o vigilantes privados en los Cesfam. Propone que la misma corporación municipal encargada de la seguridad implemente guardias en los centros de salud, actuando como testigos en casos de agresión contra el personal de salud.
