Sociedades médicas cuestionan exclusión de especialistas en fertilidad de la comisión presidencial.
SOCHOG y SOCMER advierten que la fertilidad, la infertilidad y el acceso a tratamientos de reproducción asistida son factores fundamentales para enfrentar la caída de la natalidad y lamentan no haber sido convocadas a la instancia asesora creada por el Gobierno.

La reciente creación de la Comisión Asesora Presidencial sobre Natalidad y Familia ha puesto nuevamente en el centro del debate uno de los mayores desafíos que enfrenta Chile: la sostenida caída de los nacimientos y el progresivo envejecimiento de la población.
Sin embargo, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG) y la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva (SOCMER) manifestaron su preocupación por no haber sido convocadas a participar en una instancia cuyo objetivo es precisamente abordar las causas y posibles soluciones a la crisis de natalidad que vive el país.
«Valoramos la creación de esta comisión y compartimos la preocupación por el futuro demográfico de Chile. Sin embargo, nos parece difícil comprender que una discusión sobre natalidad pueda desarrollarse sin incorporar formalmente a las principales sociedades científicas que estudian la fertilidad, la infertilidad y la reproducción humana», señaló el Dr. Roberto Altamirano , Presidente de SOCHOG.
Actualmente Chile registra una tasa de fecundidad de apenas 0,99 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo y muy por debajo de la tasa necesaria para asegurar el reemplazo generacional. Paralelamente, la edad promedio de la maternidad continúa aumentando y los problemas de fertilidad afectan a un número creciente de personas y parejas que desean formar una familia.
Para las sociedades científicas, la discusión sobre natalidad no puede limitarse exclusivamente a factores económicos, laborales o sociales. Existen determinantes biológicos y sanitarios que deben ser considerados al momento de diseñar políticas públicas efectivas.
La infertilidad afecta aproximadamente a una de cada seis personas durante su vida reproductiva y es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad del sistema reproductivo. Pese a ello, miles de chilenos continúan enfrentando barreras económicas, geográficas y de acceso para recibir diagnóstico y tratamiento oportuno.
«Cuando se habla de aumentar la natalidad, resulta indispensable incorporar la salud reproductiva a la conversación. La fertilidad tiene límites biológicos, existe un impacto creciente del retraso de la maternidad y hoy contamos con herramientas diagnósticas y terapéuticas que pueden ayudar a muchas personas a concretar su proyecto familiar», agregó la Dra. Abril Salinas, presidenta de SOCMER.
SOCMER y SOCHOG sostienen que ampliar el acceso a medicina reproductiva constituye una de las medidas más concretas y costo-efectivas para enfrentar la baja natalidad. Según estimaciones internacionales, si Chile alcanzara niveles de acceso comparables a los de países desarrollados, la reproducción asistida podría aportar hasta 15.000 nacimientos adicionales por año.
Las entidades enfatizaron que cuentan con experiencia clínica, académica y científica acumulada durante décadas en el estudio, prevención y tratamiento de las condiciones que afectan la fertilidad humana, conocimiento que consideran esencial para construir políticas públicas basadas en evidencia.
«Nuestro interés no es formar parte de una discusión institucional, sino contribuir con evidencia científica a un desafío país. La crisis de natalidad requiere una mirada multidisciplinaria, pero también necesita incorporar la experiencia de quienes trabajamos diariamente con personas que enfrentan dificultades para concebir y formar una familia», señaló Anibal Scarella, médico especialista en fertilidad y vicepresidente de SOCHOG.
Finalmente, ambas organizaciones reiteraron su disposición a colaborar con el Gobierno, el Congreso Nacional y las instituciones involucradas en el diseño de una política integral que promueva la salud reproductiva, reduzca las brechas de acceso y permita que más personas puedan ejercer su derecho a formar una familia de manera informada, segura y oportuna.




