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“Si las Isapres colapsan, nosotros colapsamos detrás de ellas. No hay absolutamente ninguna duda al respecto”

La reforma de salud, la migración masiva hacia Fonasa, el fallo de la Corte y la crisis de las Isapres preocupa de manera transversal, un tema que quiso profundizar el ejecutivo.

Cristián de la Fuente asumió hace un año y medio el cargo de gerente general del grupo Red Salud UC Christus, el grupo prestador que integran tres hospitales y varios centros médicos, que está vinculado a la PUC y al grupo estadounidense Christus Health, relacionado, a su vez, a la Orden de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado hace un año y medio. En febrero de 2013 Christus y la PUC se asociaron creando este grupo médico prestador, en participaciones 50% y 50%.

De la Fuente, quien conoce muy bien el sector salud prestador y asegurador, trabajó 10 años en Isapres Banmédica y Vida Tres, asegura que las expectativas de los socios gestores se han cumplido, dado que ellos comulgan muy bien en términos valóricos. Ambos son socios sin fines de lucro, con objetivos sociales y docentes, por lo que sus dividendos han sido reinvertidos en la misma red. “Los dueños son operadores, no son inversionistas”, recalca, y por ambos lados, dice, hay una tradición histórica: la PUC fue fundada en 1888 y la Orden religiosa (de Dallas), en 1867. En esa misma lógica, De la Fuente explica que, a nivel hospitalario, el 40% de sus pacientes proviene de Fonasa. Y sin más trámite, entra de lleno a analizar la compleja coyuntura por la que atraviesa el sector salud, marcado por la fragilidad que viven las isapres, y a la espera de definiciones regulatorias de la autoridad.

Su diagnóstico es coyuntural, “Si las Isapres colapsan, nosotros colapsamos detrás de ellas. No hay absolutamente ninguna duda al respecto”, advierte la entrevista con El Mercurio. Para comenzar, de la Fuente cuestiona que no hayan invitado a participar a los operadores de la mesa de trabajo. “No estamos los operadores, y todas las cosas se caen en la práctica. Invítennos a participar, tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Creo que no nos han escuchado”, advierte, desglosando sus variados focos de preocupación.

El gerente general del grupo Red Salud UC Christus, señala las garantías que las Isapres deben tener en la superintendencia, cuestionándose si realmente cumplen y garantizan todo el stock de deuda de las Isapres con los prestadores. Como ejemplo, señala la caída de Isapre Masvida, la única experiencia reciente: asegura que, a pesar de los años transcurridos, “a nosotros nos han pagado el 22% de la deuda que tenían. Nos debían $5 mil millones, y todavía no se ejecutan las garantías que tenía la Superintendencia de Salud para poder resarcir la deuda con nosotros. Esperamos que nos van a pagar 20%, con suerte. O sea, en total nos van a pagar un 40% de toda la deuda. ¿Quién nos asegura hoy día que las garantías son realmente las adecuadas? Me encantaría que llegara un tercero, un auditor, o la Contraloría que certifique que las garantías son suficientes para cubrir las deudas con las clínicas”.

De la Fuente detalla el stock de deuda de la Isapres con este grupo, “a nosotros nos deben $40 mil millones”, dice, reconociendo eso sí que desde que las aseguradoras pudieron hacer las adecuaciones de precios y el cobro GES, algo han mejorado los pagos, porque llegaron a un stock de deuda de casi $60 mil millones en su peak, que se compara con cifras que en épocas anteriores de normalidad estaban en torno a los $25 mil millones a $30 mil millones. Respecto de los plazos de pago, indica que están en torno a 150 días a nivel hospitalario, contra 110 días previo a esta crisis.

“Siguen siendo plazos que son absurdos”, reclama el gerente, pues eso implica que como prestadores deben hacer frente, con recursos propios, a los pagos regulares de la operación, como el costo laboral, que representa el 60% de su costo. “¿Qué le voy a decir yo al personal de salud? ¿Les pago el sueldo cuando me pague la Isapre? No puedo”, manifiesta De la Fuente y afirma categórico: “Las isapres se retrasaron tanto en los pagos que la crisis la financiamos en su totalidad los prestadores privados de salud”, haciendo ver que estos retrasos de las aseguradoras tienen otro efecto, pues el prestador tampoco puede cobrar el copago al afiliado mientras no esté el pago de la isapre. O sea, a la deuda de las isapres deben sumarle otros $30 mil millones correspondientes a esos copagos.

Las consecuencias del fallo de la Corte Suprema

Frente a la situación expuesta, de la Fuente alerta sobre la devolución que se supone deberá hacer las Isapres a partir del fallo de la Corte Suprema, “nos tiene absolutamente nerviosos, porque las cifras son siderales. Sabemos que el sistema Isapres no va a poder responder sobre ese fallo. Estamos en una encrucijada”, dice, exponiendo que si respecto del fallo se persevera en una devolución como excedentes —US$ 1.400 millones, a 24 meses—, “ocupan todas las garantías que tienen en la Súper de Salud. O sea, las clínicas quedan absolutamente desprotegidas. Las Isapres no van a poder pagar eso. La quiebra del sistema sería inminente. Estamos en una situación súper crítica”, expone.

En esta línea, el ejecutivo considera “insuficiente” el alza de los planes que permitió la autoridad a las Isapres. Apunta a una reflexión mucho más profunda para que dejen de subir los precios, “le doy un caso real. En pandemia nosotros tuvimos una tasa de ausentismo tremenda por licencias. Y nos dimos cuenta de que muchas personas con licencia estaban trabajando en la clínica de al frente. El sistema es tan permeable, tan lábil, que permite que esas cosas sucedan”, dice. Hasta el momento, y según asegura la entrevista de El Mercurio, este grupo de salud no ha cortado convenios con las Isapres, porque implicaría trasladar el riesgo a los pacientes, “que es lo que no queremos hacer, por ningún motivo”, dice De la Fuente.

La situación de Fonasa

Si las cifras de deuda del sector privado son alarmantes, según Cristián de la Fuente, gerente general del grupo Red Salud UC Christus aún peor, son los números del sector público, Fonasa y los propios hospitales y servicios públicos de salud, con un stock de deuda aun mayor: $50 mil millones. Afirma que Fonasa tarda 260 días y los hospitales públicos incluso 355 días. “El Estado siempre ha sido más mal pagador que las Isapres”, dice, reconociendo eso sí que Fonasa en este período ha hecho un esfuerzo.

De la fuente advierte de los efectos que puede tener la reforma que la autoridad tiene en vista, con la creación de Fonasa MCA (la Modalidad de Cobertura Adicional). “Si por un segundo nos ponemos en un mundo en que las isapres desaparecen y todos se van a este nuevo Fonasa, tomando el flujo de pago y traspasando todo esto a los tiempos de Fonasa, significa que nosotros como red de salud vamos a necesitar $86 mil millones adicionales de capital de trabajo para soportar el período de pago, porque Fonasa se demora más en pagar. Nosotros no somos capaces de levantarlo. Nosotros como red de salud creemos absolutamente en la libre elección, público y privada (…) Para el mundo de prestadores, que exista un Fonasa que sea un monopsonio y que fije precios, va a ser un problema gigantesco”, sentencia.

“Si Fonasa va a ser el gran comprador y nos va a fijar los precios, creo que hay que reestructurar el sistema absolutamente de nuevo, de raíz, porque no va a funcionar. Ese es el temor que yo tengo, que esto se vuelva un mercado en que nos van a fijar precios y muchos de los prestadores simplemente no van poder participar de esto”, dice, por la diferencia o descalce entre los precios y los costos reales. De la Fuente augura que en ese esquema los prestadores no entrarían al convenio con Fonasa y empezarían a integrarse verticalmente, con sus propias compañías de seguros, o vía alianzas con otras compañías de seguros. Red de Salud UC Christus hasta ahora no tiene compañía de seguros, sino que opera con asociaciones (Metlife u otros), pero sí indica: “Estamos evaluando constituir nuestra propia compañía de seguros para ir a estas licitaciones con Fonasa, si es que el nivel de precios nos lo permite”, dice.

Y su análisis continúa. Calcula que, para un grupo familiar de cinco personas, si el 7% se va a Fonasa y debe cubrir adicionalmente un promedio de $30 mil por cada persona para un seguro complementario (esta es la cifra que se ha dado como magnitud promedio), serían $150 mil adicionales. “Es lo mismo que pago en la Isapre”, dice, y con una cobertura que va a ser menor: 55% hospitalario y 65% ambulatorio, contra una cobertura actual de la isapre del 70% (hospitalario) y el 80% en ambulatorio, y con un producto catastrófico que Fonasa no tiene. “Hago las matemáticas y pienso que no me conviene”, dice el gerente.

¿El grupo estadounidense se siente perjudicado ante el cambio de condiciones en Chile?

“Más que perjudicados, se sienten absolutamente intranquilos. No hemos ido a ningún organismo internacional a apelar, como sí lo han hecho UnitedHealth (Banmédica) y Bupa (Cruz Blanca). Por el momento no está en nuestros planes. Insisto, nosotros no somos inversionistas, somos operadores. Llevamos más de 100 años operando. No hay un ánimo de irse del país, ni de dejar de invertir, todo lo contrario”.

De la Fuente cree que los actores involucrados en esta situación – Gobierno, Congreso, privados- debiesen tomarse más tiempo para analizar las posibles soluciones. “Como decía Napoleón, ‘vístanme lento, que estoy apurado». Si vamos a sacar una interpretación del fallo que va a aniquilar el sistema, soy partidario de que nos sentemos, lo pensemos y estructuremos algo de largo plazo que sea sostenible. Si eso significa pedir más plazo, que pidan más plazo”, cree. Aquí “no se está hablando de las Isapres, ni de Fonasa. Se está hablando de las listas de espera. La desigualdad se genera en la gestión del sistema de salud público, en los hospitales públicos”, remarca, apuntando a mirar los resultados del informe de la Comisión Nacional de Productividad sobre este tema: 3,3 cirugías por pabellón en el sector público, mientras “nosotros en San Carlos de Apoquindo tenemos 5,8”, refiere. Otro dato: la estadía promedio de pacientes en el sector privado es de 4,1 días y en el sector público de 6,8. “Si se mejorara la gestión, imagínese la cantidad de cirugías que se podrían hacer”, dice.

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