Clínicas privadas reflejan agudo problema por crisis de las isapres e impagos del sistema público.

Según Eduardo del Solar, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), era normal que Fonasa tardara mucho más en pagar las prestaciones en comparación con el sector privado en todo Chile. Sin embargo, por primera vez en la historia, esta situación se ha invertido.

En la actualidad, Fonasa está demorando entre 60 y 90 días en pagar a sus asociados por los servicios prestados o los implementos vendidos, mientras que las clínicas están experimentando demoras de más de 120 días.

Desde el año pasado, las isapres han estado advirtiendo sobre el complejo panorama económico que enfrentan, el cual empeoró debido a una sentencia de la Corte Suprema en noviembre de 2022 que las obliga a devolver los cobros realizados en exceso por no haber aplicado la nueva tabla de factores de 2020.

Pero los problemas podrían continuar, ya que en julio se llevarán a cabo los alegatos en la Corte Suprema sobre el aumento del precio de la prima GES (Garantías Explícitas en Salud). Si la Corte utiliza el mismo criterio que con la tabla de factores y determina que el aumento no corresponde, o incluso ordena la devolución de lo cobrado a todos los beneficiarios, el sistema se verá aún más estresado.

De hecho, se estima que actualmente terminarán el año con apenas números azules, a menos que los juicios contra el GES no se resuelvan de la misma manera que el fallo de noviembre pasado.

El problema es que las isapres son solo una parte de la cadena. Las exhaustivas revisiones de cuentas por pagar a proveedores, como clínicas, médicos, vendedores de insumos y laboratorios, están generando estrés en todo el sistema privado de prestaciones, volviendo a los bancos más exigentes que nunca y tensionando a otros tipos de entidades financieras, como los factoring.

Es como un efecto dominó, afirma el director de una compañía, y la primera ficha ya está tambaleando.

La deuda con los médicos.

El martes 6 de junio, la Comisión de Salud del Senado recibió a Gonzalo Grebe, presidente de la Asociación de Clínicas, y a Cristián de la Fuente, gerente general de la red Christus UC. Durante la reunión, ambos expusieron un panorama preocupante del sector.

Grebe explicó que muchos de sus asociados, que suman 46 clínicas, están trabajando o han elaborado planes de contingencia en caso de que las isapres colapsen. Según las cifras presentadas, estas clínicas atienden a 11 millones de personas y realizan un total de 33 millones de atenciones, lo que representa el 52% del total de atenciones en el país. Además, llevan a cabo 81 millones de exámenes médicos (38% del total nacional) y 680 mil intervenciones quirúrgicas (47% del total), utilizando solo el 20% de la capacidad de camas a nivel nacional, aproximadamente 7.500 camas. En el sector trabajan alrededor de 210 mil personas.

Grebe detalló que el 61% de los ingresos de las clínicas provienen de las isapres, mientras que el 39% corresponde a Fonasa. Sin embargo, manifestó dudas sobre la posibilidad de que se paguen las deudas en caso de un colapso del sistema, incluso considerando las garantías que las isapres tienen declaradas en la Superintendencia de Salud. Como ejemplo, mencionó que aún no se han terminado de pagar las garantías correspondientes a las deudas de las clínicas con la extinta Isapre Masvida. A marzo de este año, las isapres le deben a las clínicas $ 485 mil millones, de los cuales el 30% corresponde a honorarios médicos impagos.

Por otro lado, la deuda del sector público con las clínicas asciende a $ 343 mil millones, dividida en dos partes. Hasta el 15 de abril, Fonasa les debe $ 146 mil millones, y los servicios de salud locales deben otros $ 197 mil millones, deudas que incluso se originaron desde 2018. Grebe explicó en el Senado que si bien tienen una mesa de trabajo con Fonasa, el problema principal radica en los servicios de salud.

Además de estas dificultades, las clínicas han tenido que congelar o posponer el 40% de las inversiones planificadas y recurrir a los bancos en busca de financiamiento para capital de trabajo, algo que antes no era necesario.

Cristián de la Fuente, de UC Christus, compartió su caso, donde el 40% de los pacientes atendidos son de Fonasa. En cuanto a las deudas de las isapres con ellos, ascienden a $ 48 mil millones. Los casos ambulatorios tardan aproximadamente 30 días en pagarse, mientras que las cuentas hospitalarias demoran de 120 a 130 días. De la Fuente señaló que se han convertido en una institución financiera y que esto los aleja de su verdadera labor, que es salvar vidas. Sus declaraciones fueron escuchadas por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el superintendente del ramo, Víctor Torres.

Garantías liberadas

 El superintendente Torres enfatizó que las deudas están respaldadas por garantías. «Hasta abril, se han garantizado $ 420 mil millones», afirmó.

Además, señaló que se han liberado garantías a petición de las isapres debido a la situación actual. Esto permite mantener el flujo de efectivo y la continuidad en los pagos, según explicó la autoridad.

No obstante, un representante de Fonasa presente en la Comisión argumentó que a menudo deben devolver las facturas de cobro a las clínicas en varias ocasiones, lo que genera demoras. Sin embargo, una vez que se establece el monto exacto a pagar, el desembolso se realiza en menos de 30 días. Por lo tanto, Fonasa solo reconoce una deuda de $ 4 mil millones con las clínicas, lejos de los más de $ 130 mil millones mencionados por Grebe. «Estamos trabajando para resolver ese problema», concluyó la ministra Aguilera.

No todas las cifras del sistema de salud privado son públicas. Según la información proporcionada a la Comisión para el Mercado Financiero, se pudo obtener datos sobre Redsalud, que forma parte de ILC de la Cámara Chilena de la Construcción. Sus pasivos corrientes (exigibles en 12 meses) aumentaron de $ 181.326 millones en diciembre de 2022 a $ 197.243 millones en marzo de este año.

Por su parte, Indisa registró pasivos por $ 90.077 millones en marzo, en comparación con los $ 88.356 millones hace tres meses. Banmédica, que controla clínicas como la Santa María y la Dávila, tiene pagos pendientes por $ 24.129 millones en honorarios médicos, $ 38.366 millones a prestadores médicos y $ 53.491 millones en materiales e insumos médicos.

Los pasivos corrientes de las isapres abiertas del sistema aumentaron un 18,8%, pasando de $ 584.586 millones en marzo del año pasado a $ 694.358 millones en marzo de este año. Vida Tres y Consalud fueron las que más incrementaron sus deudas a pagar en 12 meses.

Todas las isapres, además, han aumentado su ratio de endeudamiento. Este indicador pasó de 1,7 veces en marzo de 2022 a 2,2 veces este año, lo que representa un aumento del 29,6%. Banmédica duplicó su ratio de endeudamiento, mientras que Cruz Blanca lo aumentó en un 85,7%.

Desde la Asociación de Clínicas de Chile destacaron que, a pesar del elevado nivel de deuda que tanto el sistema de aseguramiento público como privado tienen con ellos, las clínicas asociadas han realizado grandes esfuerzos para cumplir puntualmente con sus compromisos, tanto con su personal como con los proveedores del ámbito de la salud. Aseguraron que no existen retrasos significativos en el cumplimiento de sus obligaciones y que han mantenido una voluntad constante de atender sus compromisos a tiempo. Sin embargo, indicaron que no tienen conocimiento de situaciones puntuales que puedan haber ocurrido.

Otro problema grave: servicios de salud

Según lo mencionado por Del Solar, si la situación con las clínicas y Fonasa es compleja, la situación con los servicios de salud públicos es aún peor.

Los servicios locales y los administradores de centros municipales de atención primaria tardan hasta 300 días en pagar una factura. Municipios como La Florida, Recoleta, Talcahuano o Viña del Mar acumulan deudas de más de 200 días, y estas deudas siguen aumentando.

En estos casos, se produce lo que se conoce en el sector como «rebase». Cuando una persona llega a una clínica por Ley de Urgencia y se logra estabilizar, se genera un cierto gasto. El problema surge cuando, una vez que el paciente está estabilizado y se intenta transferirlo a un hospital público, se les informa que no hay camas disponibles para recibirlos. Cobrar por este gasto adicional es lo que resulta más difícil para los servicios de salud, y las clínicas afirman que se les debe casi $ 200 mil millones por este concepto.

Un tema aparte serán las nuevas deudas que se generen para las clínicas ahora que comienzan a recibir pacientes pediátricos por Ley de Urgencia en medio de la temporada de virus de invierno. Además de los pagos pendientes desde 2018 y los relacionados con la pandemia de Covid-19, ahora se suma el virus sincicial. La situación no parece mejorar.

«Nuestros asociados están acostumbrados a trabajar con plazos de pago largos, pero en estos casos se supera cualquier límite», señala Del Solar. Hasta ahora no ha habido quiebras masivas de proveedores, pero preocupa la falta de liquidez de las isapres y cómo esto afecta los pagos a las clínicas, ya que estas son la última parte de la cadena de pagos.

En el sector financiero se comenta que también hay laboratorios y sociedades de médicos que están enfrentando problemas. Además, debido a las altas tasas de interés y al mayor riesgo que representa el sector, las líneas de crédito están limitadas. Estas mismas fuentes señalan que el sector tiene un peso marginal en la cartera de créditos global, por lo que si una clínica o un proveedor de insumos enfrentara dificultades, no representaría un riesgo sistémico. Sin embargo, sigue siendo motivo de preocupación.