Hasta antes de la pandemia, la Superintendencia de Salud recibía hasta 3.700 reclamos anuales por parte de pacientes que hacían valer los mecanismos que la ley les otorga cuando se enfrentan a situaciones que podrían estar pasando a llevar sus derechos.
Pero desde 2020, con la llegada de la pandemia al país, los reclamos contra los prestadores aumentaron drásticamente, llegando a 7.012 ese año, superando los 9.700 en 2021 y sobrepasando los 12 mil durante el año pasado.
Y si bien estas cifras ya eran inusualmente altas y los estragos de la emergencia sanitaria ya han pasado, según la propia superintendencia se proyecta que para 2023 exista un nuevo peak histórico de reclamos ingresados, ya que entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2023 ingresaron 3.436, un 21% más comparado con el mismo trimestre del año anterior, cuando alcanzaron los 2.829.
En relación con las materias reclamadas dentro de las causas por derechos de las personas en su atención de salud, aquellas que presentan mayor número de denuncias son «atención oportuna y sin discriminación», con un 26%, seguida de «información financiera» (21%) e «información clínica» (11%).
Del total de quejas relacionadas con «atención oportuna y sin discriminación», el 73% de estos fueron presentados en contra de prestadores públicos.
Por otro lado, del universo de reclamos ingresados relacionados a la materia “información financiera”, el 93% de estos fueron presentados en contra de prestadores privados y solo el 7% contra prestadores públicos. Esto puede implicar tanto inconsistencias en las cuentas luego de la atención, falta de claridad en los precios a cobrar por un tratamiento o falta de aplicación de beneficios que disminuyen las cuentas, como el GES.
