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Andes Salud recurre al TDLC para revisar la actividad de la ACHS en el rubro.

El grupo argumenta que se producen subsidios cruzados cuando una empresa utiliza fondos provenientes de un sector de negocios, en este caso, las cotizaciones pagadas por los empleadores para el seguro laboral, para financiar actividades en otra área diferente, como serían las prestaciones de salud común.

Progresivamente, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), establecida por la Sofofa en 1958, inició su incursión en el ámbito de la salud general al ofrecer servicios ambulatorios que van más allá de las prestaciones del seguro de accidentes laborales.

Las mutualidades de seguridad reciben el 0,9% del sueldo imponible de los trabajadores para cubrir tratamientos y licencias médicas relacionadas con accidentes laborales ocurridos dentro de la empresa, durante el trayecto de ida o vuelta, y enfermedades profesionales.

A partir de las autorizaciones provisionales otorgadas por el Ministerio del Trabajo desde 2021, la ACHS logró el 28 de febrero de 2023 que dicha entidad aprobara un Plan de Salud No Laboral de alcance amplio, abarcando «accidentes de cualquier naturaleza (ya sean laborales o no)» e incluyendo aspectos de prevención, tratamiento y rehabilitación. Este plan también contempla consultas relacionadas con traumatología y salud mental, siempre y cuando no afecten las obligaciones de la ACHS hacia los trabajadores.

El documento destaca que la aprobación obtenida fue más amplia de lo solicitado por la ACHS y se dio «en términos definitivos», según lo solicitado por el entonces presidente del directorio de la ACHS, Paul Schiodtz.

Como resultado de estos acontecimientos, Inversiones Renacer, propietaria de cuatro clínicas en Concepción, Puerto Montt, Calama y Chillán, cuyos controladores son las familias Imschenetzky y Sáenz, presentó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a fines de diciembre. Solicita que el tribunal se pronuncie sobre si la incursión de la ACHS en el sector de la salud general y la reciente autorización del Ministerio del Trabajo, en febrero de 2023, contravienen las normas de la libre competencia. Además, busca determinar si se ven afectadas las prestaciones del seguro de accidentes del trabajo al incorporar esta nueva línea de negocios, que en su nueva identidad corporativa se presenta como ACHS Salud y ACHS Servicios, orientadas a comercializar servicios fuera del ámbito del seguro laboral obligatorio.

Renacer, representada por su gerente general, Gonzalo Grebe Noguera, respaldada por los abogados Javier Velozo (exministro del TDLC) y Pablo Pardo, argumenta en su documento de 66 páginas que se producen subsidios cruzados cuando una empresa utiliza fondos provenientes de un sector de negocios, en este caso, las cotizaciones pagadas por los empleadores para el seguro laboral, para financiar actividades en otra área diferente, como serían las prestaciones de salud común.

En su exposición, señala que la ACHS ha participado, al menos, durante cinco años en las licitaciones de las listas de espera de Fonasa, adjudicándose el 80% de estas por los bajos precios que ofrece en regiones donde tiene competencia, gracias a un flujo de ingresos mensual asegurado por las cotizaciones del seguro de accidentes del trabajo. En las regiones donde no tiene competencia, participa con precios superiores.

Se destaca el ejemplo de 2018, donde la ACHS ganó atenciones por listas de espera por un monto equivalente a $3,501 millones de un total de $4,350 millones, y su fuerte participación se ha mantenido.

La ACHS, presidida por Paz Ovalle, ostenta el 40% de la participación de mercado, consolidándose como la mutual más grande, seguida por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, con un 32%.

Además, la ACHS posee el 50% de Bionet, que a su vez es propietaria de 80 laboratorios en todo el país y, al menos, 12 clínicas desde Antofagasta hasta Puerto Montt.

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