Honorarios impagos: la declaración reservada de Alejandro Gil en 2023 por querella de médicos de CLC

La mañana del 26 de octubre de 2023, el entonces presidente del directorio de Clínica Las Condes, Alejandro Gil Gómez, declaró ante la fiscal adjunta Karin Naranjo, de la Fiscalía de Las Condes, en el marco de la querella presentada por exmédicos debido a honorarios impagos. En ese periodo, el centro asistencial estaba controlado por Cecilia Karlezi —a través de la sociedad Luces Tres— y era objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

Gil enfrentó querellas por presunta apropiación indebida interpuestas por facultativos que acusaban retrasos y retenciones en el pago de sus honorarios. Aunque parte de los demandantes alcanzó acuerdos con la clínica, reduciendo acciones penales contra la institución, las acusaciones en su contra siguen vigentes. El próximo 1 de abril deberá comparecer ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago junto a su abogado, Álvaro Jofré, con el objetivo de buscar una salida alternativa con la Fiscalía y los querellantes.

Retrasos en pagos y modelo de compensación

En su declaración, a la que se tuvo acceso pese a haber estado bajo reserva, Gil sostuvo que “la clínica nunca se ha apropiado de los fondos de los médicos” y atribuyó los retrasos a los tiempos de recaudación de Fonasa e isapres. Explicó que los pagos de Fonasa pueden tardar entre tres y cinco años, mientras que las isapres pueden demorar en promedio 120 días en procesos de devolución y anulación de prefacturas, extendiendo el ciclo completo de cobro de procedimientos quirúrgicos hasta cerca de 200 días.

El empresario también abordó la estructura de gobernanza interna, afirmando que al asumir detectaron un “cogobierno” entre la administración y el comité ejecutivo del cuerpo médico, situación que —según indicó— contravenía la regulación aplicable a sociedades abiertas. En ese contexto, mencionó acciones presentadas ante la Comisión para el Mercado Financiero y cuestionamientos vinculados a la normativa supervisada por la Superintendencia de Salud.

Asimismo, detalló que desde enero de 2021 se implementó un nuevo modelo de pago sujeto a la recaudación efectiva, apoyado por un sistema informático que permitió —según su versión— identificar una deuda de médicos con la clínica superior a $13.500 millones por arriendos y aportes. En base a ello, afirmó haber instruido compensaciones entre montos recaudados y deudas pendientes. La controversia judicial continúa abierta, mientras la propiedad de la clínica cambió de manos en enero de 2025 tras la adquisición del paquete controlador por nuevos inversionistas.