El escándalo de las licencias médicas en Chile ha sacudido al país y ha puesto en el centro del debate público a diversas autoridades y actores relevantes del medio nacional, quienes han entregado comentarios y posturas que reflejan la complejidad y gravedad del problema.
El exministro de Salud, Dr. Enrique Paris, ha señalado la necesidad de fortalecer los controles y la fiscalización para evitar que se sigan cometiendo abusos, pero también ha llamado a no estigmatizar a todos los médicos ni a los pacientes, advirtiendo que la mayoría cumple con la normativa y que el sistema debe proteger a quienes realmente necesitan reposo. Sin embargo, su discurso ha sido criticado por algunos sectores que consideran que el Colegio Médico ha tenido una actitud demasiado tibia frente a los casos de fraude.
Por su parte, el exministro Jaime Mañalich ha sido más duro en sus críticas, responsabilizando a la falta de sanciones efectivas y a la permisividad del sistema por la proliferación de licencias fraudulentas. Ha señalado que la crisis refleja una falla estructural que requiere reformas profundas y un cambio cultural en la profesión médica.
La actual Ministra de Salud ha mantenido un perfil más institucional, destacando la promulgación reciente de una ley que aumenta las facultades de los organismos fiscalizadores y establece nuevas sanciones penales para quienes usen indebidamente las licencias médicas. Ha enfatizado que solo podrán emitir licencias médicas los médicos cirujanos, dentistas o matronas inscritos en un registro nacional, buscando así profesionalizar y controlar mejor el proceso. Sin embargo, su gestión ha sido cuestionada por la percepción de lentitud y falta de contundencia en las acciones frente a los casos de alto perfil.
La presidenta del Colegio Médico, Dra. Anamaría Arriagada, ha expresado públicamente su preocupación y ha anunciado que el gremio colaborará con la Fiscalía para esclarecer los hechos y sancionar a quienes hayan actuado de forma irregular. No obstante, también ha reconocido que el Colegio Médico enfrenta un desafío para recuperar la confianza pública y que se requiere un compromiso ético mucho más fuerte entre sus miembros.
Entre los casos más mediáticos, se encuentran renuncias y sumarios contra funcionarios vinculados al oficialismo, como Raúl Domínguez, amigo del Presidente Gabriel Boric, y Carmen Monsalve, hermana del exsubsecretario Manuel Monsalve, así como el exministro Marcos Barraza, quien negó las acusaciones pero optó por dejar su cargo. También ha sido investigado el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, por viajar al extranjero durante una licencia médica.
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha sido enfática al señalar que la crisis afecta a más de 25 mil funcionarios públicos que habrían incumplido el período de reposo, y que se detectaron casos de médicos que se autoprescribieron licencias para realizar actividades remuneradas, lo que agrava la gravedad del problema y exige medidas urgentes.
En síntesis, el escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de una respuesta coordinada y firme de todas las instituciones involucradas, desde el Colegio Médico hasta el Ministerio de Salud y los órganos fiscalizadores, para restaurar la confianza y asegurar que las licencias médicas cumplan su función legítima sin ser objeto de abuso ni fraude. La opinión pública espera que los actores relevantes asuman su responsabilidad con transparencia y decisión.
