Tribunal ordena alzar secreto bancario de CLC, tras demanda de médicos por no pago de honorarios.
Mientras el juzgado determinó el alzamiento de 27 cuentas que la empresa mantiene con diferentes entidades financieras, la defensa cuestionó la medida.
El conflicto que protagoniza Clínica Las Condes con un grupo de médicos que acusan el no pago de sus honorarios enfrenta un nuevo capítulo. El 30 de diciembre pasado, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el alzamiento de 27 cuentas que la empresa mantiene en diferentes Bancos del país, en el marco de tres querellas por el presunto delito de apropiación indebida. Esta situación se suma al allanamiento realizado la semana pasada, donde la PDI allanó dependencias del centro de salud privado, donde incautó documentos relacionados con la contabilidad de la compañía.
A través de la defensa, la clínica controlada por la empresaria Cecilia Karlezi y presidida por su pareja Alejandro Gil, cuestionó la medida bancaria solicitada por el Ministerio Público.
La decisión judicial de la jueza tras la petición del abogado Patricio Fernández, quien representa a tres médicos (Joaquín Lara, Javier Del Río y Alexander Tomic). El mismo documento, al que tuvo acceso Pulso y publicó recientemente, la medida afecta a las cuentas bancarias de Clínica Las Condes S.A, filiales y correlacionadas, como: Nueva SSI S.A; Sociedad de Prestaciones Médicas Las Condes; Inmobiliaria Clínica Las Condes S.A y Servicios de Salud Integrados S.A.
Así, la fiscal Karin Naranjo despachó un requerimiento de información a Banco Itaú, Banco de Chile, BCI, Scotiabank, Santander, Security y Bice para que detallen los movimientos bancarios de las cuentas de Clínica Las Condes. En paralelo, el 28 de diciembre la fiscal Naranjo ofició a la Comisión para el Mercado Financiero para que le remita las FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) de las sociedades mencionadas.
A cargo de la defensa de Clínica Las Condes se encuentra el abogado Marcelo Sanfeliú, y según detalló Pulso, hace unos días presentó un escrito en el que cuestionó la orden de alzamiento del secreto bancario. A su parecer la normativa habla de “operaciones específicas, y que se relacionen directamente con las investigaciones”, lo cual discrepa de la petición planteada por la fiscal Naranjo.
Hay más, ya que CLC sostuvo que el doctor Joaquín Lara interpuso la querella como reacción a una demanda arbitral que presentó CLC contra del facultativo y su sociedad médica (Sociedad Médica L.A. SpA) a raíz de un presunto pago en exceso de honorarios, por una suma cercana a los $450 millones. Además, acusó a la fiscal Naranjo de “una multiplicidad de inexactitudes, imprecisiones y faltas graves al principio de objetividad” al solicitar las medidas intrusivas dictadas y que fueran acogidas por el tribunal, como el allanamiento.
“La aseveración de la fiscal Naranjo, en orden a que la administración de Clínica Las Condes tuvo la oportunidad de aclarar los hechos realizando la oportuna entrega de antecedentes y autorizaciones voluntarias, es por decirlo menos, inexacta, puesto que esa oportunidad en ningún caso transcurrió, como lo quiere hacer ver buscando crear en el tribunal la impresión de que existiría un incumplimiento por parte de CLC, que mal podría existir”, acotó su presentación.
