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Médico arriesga 22 años de cárcel por fraude a FONASA

La fiscalía afirma que la doctora Paulina Carrasco cobró 1.560.219 prestaciones médicas que jamás realizó, equivalentes a $5.105.306.873 que se le fueron entregados en 21 pagos por Fonasa.

En julio del 2020, la Unidad de Análisis Financiero reportó a la fiscal regional del Biobío que la acusada  estaba realizando “operaciones altamente sospechosas entre sus productos bancarios”. Según lo que registra Las Últimas Noticias, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, los primeros indicios de la investigación revelaron que se trataría del fraude más millonario contra Fonasa del que se tiene memoria.

Según se describió en los alegatos de clausura del juicio en contra de la Dra. Paulina Pamela Carrasco Godoy, la imputada mantenía un convenio vigente con Fonasa como “prestadora en la modalidad libre elección como persona natural en su calidad de médico cirujano” y durante el 29 de diciembre del 2019 y el 8 de julio del 2020 emitió 4.896 bonos por conceptos de 1.560.219 prestaciones que jamás se realizaron, equivalentes a $5.105.306.873 que se le fueron entregados en 21 pagos por Fonasa.

Asimismo, Carrasco “registró en el sistema un total de 1.852 bonos por conceptos de prestaciones médicas, registrándose ella como beneficiaria y prestadora a la vez”, entre el 11 de marzo y el 8 de julio 2020, obteniendo 55 pagos por parte de Fonasa de $323.289.350.

De acuerdo al relato de la jueza, “la imputada realizó diversas maniobras de lavado de activos destinadas a ocultar el origen ilícito de los bienes”, entre ellas fragmentar el dinero en distintas cuentas bancarias de su propiedad, compró y vendió dólares y euros, giro vales vista y realizó depósitos a plazos, usó a sus hermanos como prestanombres, entro otros.

Para hoy jueves 12 de enero de 2023, según lo registado por Las Últimas Noticias, está fijada la audiencia de la lectura de la sentencia en el juicio del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, en representación de Fonasa contra la doctora Carrasco. El Ministerio Público solicitó 22 años de cárcel efectiva: 12 años por 161 delitos consumados y reiterados de fraude de subvenciones y 10 años más por el delito de lavado de activos, además del decomiso de los bienes y el pago de las multas correspondientes.

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