CLC no permitiría a los médicos acceder a ficha clínica de los pacientes, argumentando confidencialidad.

“ExCelenCia” es el nombre del grupo de WhatsApp compuesto por 197 miembros y ex médicos de Clínica Las Condes, a través del cual se comunican para hacer sus descargos contra la administración de Alejandro Gil, pareja de la empresaria Cecilia Karlezi, controladora de la clínica a través de la sociedad Luces Tres. Tal como evidencia un reportaje de Pulso PM, a través de este grupo se coordinó una carta – a la que tuvo acceso el medio de comunicación- y que fue enviada el 27 de febrero a la Superintendencia de Salud, en la que dan cuenta de falencias que -según ellos- deriva en un “riesgo sanitario”.

May Chomalí, Viviana Herskovic y Roberto Postigo son algunos de los médicos que impulsaron la carta dirigida al superintendente Víctor Torres la que, según asegura Pulso PM, advierte que “la principal razón de esta carta-denuncia es que consideramos que existe un riesgo sanitario que afecta a la población que se atiende en CLC. Ese riesgo fue observado por la Joint Commission International (JCI) que en enero 2023 le retiró la acreditación internacional y también fue considerado por la Universidad de Chile, poniendo fin al acuerdo docente que mantenían desde 2007″.

Por otra parte, los profesionales acusarían al centro de salud de obstaculizar el acceso a la ficha clínica de los pacientes, bajo el argumento de la confidencialidad. En este sentido según ellos, el acceso está sólo permitido en el caso de la atención ambulatoria, en el contexto de una consulta médica previamente pagada. “El hecho concreto de no poder revisar los antecedentes clínicos contenidos en la ficha médica de un paciente, frente a llamados de urgencia o frente a resultados críticos, sin duda aumentan el riesgo de error de medicación, error de diagnóstico, riesgo de suicidio y, por tanto, se da una atención deficiente, muy alejada a lo que estábamos acostumbrados a entregar”, consignó la misiva.

“Esta restricción del acceso a la ficha tiene otros efectos sanitarios que no son menores. Entre ellos la imposibilidad de realizar informes de traslado de un paciente crónico y complejo a otro centro de salud nacional o internacional, informes para Isapres, aseguradoras, empresas u otros tan requeridos y necesitados por los pacientes de no mediar el pago de una consulta”.

También denunciaron que “los pacientes se enteran de la ausencia del facultativo al llegar a la consulta y pagar la atención, momento en el cual se les ofrece atención por otro especialista, lo que consideramos constituye una maniobra engañosa”, ya que, según ellos, la administración no bloquea las horas de sus médicos cuando están de vacaciones, realizando cursos o han sido desvinculados.

“Los médicos que aquí suscriben se han visto enfrentados a un trato que no se condice con el quehacer de la profesión médica, para con ellos como para los pacientes. Observamos un permanente hostigamiento, maltrato, abuso y/o amedrentamiento a los pacientes, al personal y a los profesionales, por personas de la administración; un ejemplo de esto es que a médicos que no quisieron firmar modificaciones unilaterales en su contrato de arriendo, le cerraron la consulta con pacientes citados y no les permitieron completar la atención a pesar de que los pacientes estaban en la sala de espera”.

Tras recibir la carta, la intendenta de Prestadores, Carmen Monsalve confirmó a Pulso PM que la entidad fiscalizadora se encuentra en un proceso de “fiscalización y gestión de los puntos denunciados por los médicos”. “Independiente de la fiscalización regular, también hay fiscalizaciones extraordinarias que son producto de denuncias que se han hecho directamente a la Superintendencia de Salud, algunas realizadas por asociaciones, personas individuales y por denuncias públicas a través de medios de comunicación. En 2022 ha habido 3 fiscalizaciones extraordinarias efectuadas, dos de ellas concluidas con verificación de cumplimiento y una en proceso”, destacó.