Más dudas que certezas: Los frentes que monitorean de cerca las Isapres ante la Ley Corta y el fallo de la Corte Suprema

Finalmente se presentó la anunciada Ley Corta y la Corte Suprema accedió a la solicitud de la Superintendencia de Salud de extender a seis meses el plazo del Congreso para legislar la propuesta. Sin embargo, los anuncios y definiciones no dejaron a todos conformes y con varias dudas respecto al proceso.

Aunque hasta ahora el foco estaba puesto en los US$ 1.400 millones que tienen que devolver las Isapres a los afiliados, a las aseguradoras privadas les preocuparía el efecto del proyecto, que les quita $31 mil millones mensuales de manera permanente, es decir, $372 mil millones al año. El Mercurio accedió a declaraciones de ejecutivos, quienes compartieron sus impresiones.  “Las Isapres no sobrevivirán tres meses, algunas incluso podrían cerrar al primer mes de implementado el proyecto”, asegura un alto ejecutivo de la industria.

Un directivo de otra Isapre asegura que, en el actual escenario, “no tenemos ninguna autorización para hacer una nueva inyección de capital, no pondremos un peso más. Por lo tanto, si tenemos que reducir los ingresos en 10%, simplemente nuestra operación no es viable, no tenemos cómo seguir”. Hay que recordar que la industria de las Isapres lleva dos años en rojo, considerando que en 2021 perdió $148.465 millones y en 2022, otros $138.117 millones. Además, al primer trimestre de 2023 acumula una pérdida superior a los $2.000 millones.

¿Qué dicen las autoridades y expertos?

• Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud del Senado: ¿Extender la tramitación más de los seis meses que dio la Suprema? “Eso no debiera suceder, porque todos comprendemos que en lo que queda del año tiene que estar resuelta la forma de cumplir el fallo y darle estabilidad financiera al sistema para que resista el cumplimiento de la sentencia. Si el proyecto hubiera ingresado hace dos o tres meses, claro que se habría ganado tiempo, pero, aun así, confío en que debiéramos poder ordenar la discusión para mejorar el proyecto. Eso significa enriquecerlo, tomar aportes de todos los sectores, escuchar a las Isapres y lograr un acuerdo para que el proyecto camine mejorado, enriquecido, corregido, enmendado”.

 

• Ximena Rincón, senadora de Demócratas: “Este no es un tema de plazos, sino de cómo se enfrenta una situación que va a dejar en total indefensión a personas que están en el sistema asegurador público. Porque si las Isapres llegaran a quebrar, dado que el proyecto como se plantea es destinarlas a la quiebra, esas personas van a tener que demandar respuesta en el seguro público, que no es capaz de afrontar esa realidad, y donde en 2021 hubo más de 40 mil personas fallecidas y en 2022, otras 32 mil”.

 

• Victoria Beaumont, directora de la Fundación Politopedia y líder del movimiento ciudadano Salud Libre: “No se hace cargo de las consecuencias que tendrá para los beneficiarios en menores coberturas, aumento de copagos, discontinuidad de tratamientos, acceso a medicamentos que no cuenten con código Fonasa, entre otras”.

 

• Héctor Sánchez, ex-superintendente y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello: “Es un mal proyecto, porque no resuelve la crisis de las Isapres, más bien la precipita. Este proyecto no se va a aprobar en el Parlamento como entró, no cabe duda. Es una estatización del sistema de salud y puede correr hasta el riesgo de que se rechace en general”.

 

• Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud: “Este proyecto no recoge la tremenda derrota política sufrida por el Gobierno el domingo 7, y claramente, el escenario político cambió, y el Congreso en el escenario actual no tiene ninguna viabilidad de aprobar un proyecto que significa eliminar los planes de salud para tres millones de personas, con todas las consecuencias en listas de espera. Con el actual Congreso, el proyecto tiene alto riesgo de no aprobarse en los próximos tres años”.

 

• Sector privado: Existe el convencimiento de que la tramitación en el Parlamento tomará “a lo menos un año y medio”, considerando que el proyecto ingresó con urgencia simple, aunque otros ejecutivos consultados incluso prevén como “muy probable que no se apruebe en este Gobierno, mirando la trayectoria de otros proyectos, como pensiones y tributario”. Sí hay coincidencia en que mientras el tema no se despeje, “se prolonga la incertidumbre en la industria”.

 

• Jaime Mañalich, ex ministro de salud: “En el mejor de los escenarios tendría una tramitación que no es inferior a dos años, y de frentón sería un problema del próximo Gobierno, porque después de dictada la ley, empieza un período de un año más, que incluye los seis meses para que las Isapres presenten un programa de pago y cuya propuesta será revisada por un consejo de expertos, en otros seis meses. Estamos hablando de un horizonte mínimo de tres años, suponiendo que el Senado apruebe en general esta ley corta”. “Se produce una incertidumbre completa, porque queda al arbitrio de la superintendencia, que podría por vía circular, hacer efectivo el pago de los US$ 1.400 millones”.

 

• Javier Fuenzalida, vicepresidente de Clínicas de Chile: “La presentación de la ley corta se da en un contexto que para los prestadores privados sigue siendo muy complejo, ya que el sistema asegurador privado mantiene deudas por montos cercanos a los $500 mil millones con las clínicas”.

Acudir al Ciadi

Sin duda en las aseguradoras hay diferentes posiciones sobre el impacto del proyecto, todas coinciden en que se generará una concentración de operadores, “es muy factible que salgan del mercado al menos uno o dos actores”. Por otra parte, y en Isapres controladas por grupos extranjeros como Bupa —matriz de Cruz Blanca—, Nexus —controlador de Nueva Masvida— y UnitedHealth —dueño de Banmédica y Vida Tres— tendrían entre sus opciones la posibilidad de acudir al Ciadi, considerando que las isapres siempre operaron bajo la norma vigente, es decir, que nunca hicieron cobros indebidos. Para ellos y tal como refleja el reportaje de El Mercurio, ha sido el Estado el que interpretó una norma de forma diferente a como estaba establecida la operación del sector y con efecto retroactivo. Así, estos grupos consideran que se trata de una interpretación expropiatoria y reclamable.

“El año pasado suspendimos un eventual proceso en tribunales internacionales, pero hoy tenemos que analizarlo, es un tema abierto y en definición, tenemos que volver a mirarlo y tenerlo presente para reactivarlo si se requiere”, confirma un directivo vinculado a la matriz de una aseguradora.