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31 mil cirugías no se realizaron el 2022 por causas «administrativas»

A lo largo del año 2022, se vio la necesidad de posponer más de 31 mil procedimientos quirúrgicos debido a diversas circunstancias relacionadas con los pacientes, incluyendo la falta de preparación pre-quirúrgica tanto por parte del paciente como del equipo médico. Esta cifra representa aproximadamente el 10% del total de pacientes en lista de espera para cirugías.

Con el propósito de abordar esta problemática, el sector de Salud anunció su intención de implementar medidas con el objetivo de mejorar la situación. Se planea expandir el programa piloto que ya estaba en funcionamiento en cuatro hospitales de la red (Antofagasta, Angol, Puerto Montt y Clínico de Magallanes) a otros 24 centros médicos. Esto conllevará la creación de Unidades de Gestión del Paciente Prequirúrgico, cuyo propósito es enriquecer la calidad de la atención y aumentar la eficiencia en el proceso quirúrgico. Estas unidades se encargarán de mantener una comunicación constante con el paciente, recordar la fecha y hora de la intervención con 24 y 48 horas de antelación, y mantener la información actualizada.

Adicionalmente, las autoridades han comunicado que desde el año anterior se han estado desarrollando planes para abordar el ausentismo, con un enfoque particular en los equipos médicos más afectados por esta situación. Además, se busca mejorar el bienestar y la salud mental de los profesionales médicos, implementando medidas como una línea de atención psicológica de primera instancia para el personal.

Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, los resultados no parecen haber sido satisfactorios. Según los datos recopilados hasta junio de este año, el sistema público de salud se ha visto obligado a postergar 17,232 cirugías, lo que equivale a más de la mitad de las cirugías suspendidas el año anterior.

Más aún, es alarmante observar un marcado aumento en las suspensiones debido a cuestiones administrativas. Estas suspensiones alcanzaron un total de 3,234, acercándose notablemente a la cifra total registrada a lo largo de todo el año 2022, que fue de 3,982.

Las razones posibles

De acuerdo a los especialistas, la cancelación de procedimientos quirúrgicos es una de las áreas que evidencia los desafíos en la gestión del sistema de salud público, ya que actúa como un indicador directo de la eficiencia en un hospital. El exministro Emilio Santelices sostiene que las razones administrativas «generalmente están relacionadas con pacientes que llegan sin los exámenes necesarios, falta de disponibilidad del equipo médico o preparación inadecuada del paciente. Por lo tanto, es fundamental reconocer estas causas para abordarlas adecuadamente. En última instancia, las razones administrativas se originan en problemas de gestión».

El especialista también destaca que, «además de infundir un sentido de urgencia, es crucial implementar un mayor control, intervenir en el tema del ausentismo y asegurarse de que la exigencia hacia los equipos médicos esté siendo monitoreada adecuadamente. Todas estas son cuestiones fundamentales en la gestión; no es necesario buscar soluciones complejas para entender por qué ocurren estos problemas».

Las más de 17 mil cirugías que fueron pospuestas durante la primera mitad de este año representan más del 5% de la lista de espera quirúrgica actual en el sistema de salud público.

Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, resalta que «si lográramos abordar estas problemáticas, se podría significativamente reducir las listas de espera, ya que una disminución en las cancelaciones implica que más personas podrían ser sometidas a cirugías».

Además, señala la situación actual del sistema de salud, caracterizada por una crisis profunda en las instituciones de salud previsional (isapres), lo que amenaza con un posible colapso que, a su vez, afectaría gravemente a los proveedores de servicios de salud privados. Según el punto de vista del académico, en caso de un colapso de las aseguradoras, «el problema radica en que no se observan mejoras en los indicadores de calidad y atención del sistema de salud público que los pacientes necesitan. Si a eso se agrega el colapso de los proveedores privados, la situación empeoraría aún más. Estos indicadores reflejan la persistente debilidad de la alternativa Fonasa para todos los ciudadanos chilenos, lo que subraya la necesidad de una colaboración entre el sector público y privado».

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