15 mil funcionarios podrían ser desvinculados de la red de salud a fin de mes.

En marzo de 2020, se emitió la primera alerta sanitaria con la llegada del covid-19 al país, con el propósito de otorgar al Ministerio de Salud la capacidad y los recursos necesarios para una rápida respuesta. A lo largo del tiempo, las fechas de finalización de esta alerta han sido modificadas debido a la propagación y mutación del virus. La más reciente prórroga tuvo lugar en marzo de 2023, mediante el decreto Nº 10, ampliándola nuevamente. Esto se hizo en consideración a la interacción con otras afecciones respiratorias y la amenaza inminente para la población.

No obstante, el 31 de agosto marcará el término de esta alerta, y la autoridad sanitaria ya ha comenzado a informar a los diversos servicios de salud que no habrá otra extensión después de tres años y medio. Por lo tanto, el ministerio ha pedido a los líderes de los hospitales que coordinen las actividades administrativas para garantizar que la finalización de estas facultades especiales no perjudique la continuidad ni la calidad de la atención a los usuarios.

Durante estos últimos años, la alerta permitió simplificar los procesos de administración y proporcionó recursos extraordinarios a la red de salud, que en su mayoría se destinaron a la contratación de personal adicional. Se estima que alrededor de 15 mil profesionales y técnicos se encuentran empleados bajo contratos de honorarios, habiendo sido contratados para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, se espera que ahora deban ser desvinculados.

Patricio Meza, quien ejerce como presidente del Colegio Médico, expresa su preocupación al señalar que «nos preocupa, y así lo hemos comunicado al Ministerio de Salud, que con la finalización de la alerta sanitaria se agote el presupuesto destinado a la contratación de un número significativo de trabajadores de la salud que ya han dejado de ocuparse de las labores relacionadas con el covid-19 y que en la actualidad están enfocados en reducir las listas de espera. Hemos solicitado que se asigne un presupuesto para la posible readmisión de estas personas».

Hasta el momento, no existe certeza en cuanto a si el ministerio dispone de los recursos necesarios para mantener a los casi 15 mil empleados contratados. Esto dependerá de las decisiones que tomen las direcciones de los centros médicos para intentar retener a su personal.