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81% de las personas considera que Fonasa no está preparado para recibir a los afiliados de las Isapres

Panel Ciudadano UDD llevó a cabo una encuesta para captar la opinión de la población sobre la crisis que enfrentan las isapres.

La industria de las isapres se encuentra en una situación crítica, desencadenada por dos fallos judiciales. En primer lugar, la sentencia de la Corte Suprema en noviembre del año pasado, la cual se refiere a la tabla de factores utilizada para calcular los precios de los planes de los afiliados. Esta sentencia obligó a las aseguradoras a reembolsar a los cotizantes los pagos en exceso y a reducir los costos que podrán cobrar en el futuro.

El segundo dictamen, emitido en agosto de este año, ordena la reducción de los cobros realizados por las isapres por la prima GES (Garantías Explícitas en Salud) a partir de diciembre. La industria, que cuenta con más de tres millones de beneficiarios, ha advertido que ambas resoluciones implicarán una caída permanente de casi el 23% en los ingresos futuros, generando impactos severos en la estructura financiera de las compañías y poniendo en riesgo la viabilidad de algunas de ellas, con consecuencias irreparables para todo el sistema de salud. El gremio también ha acusado al Gobierno de inacción en este asunto. Este efecto en cadena afectaría a los prestadores, como clínicas y centros de salud privados, que han señalado el riesgo sistémico que implicaría una quiebra masiva del sistema.

Este tema, de gran complejidad, trascendió la esfera del Ministerio de Salud y llegó al Comité Político de La Moneda. Ante las críticas por la demora en lograr acuerdos, el Presidente Gabriel Boric subrayó esta semana que se está buscando una solución que implique la preservación del sistema sin otorgar un perdón total. Las negociaciones para resolver este problema se están llevando a cabo bajo una presión considerable.

En una semana crucial para definir el destino del sistema privado, con reuniones tanto en La Moneda como en el Parlamento, Panel Ciudadano UDD llevó a cabo una encuesta para captar la opinión de la población sobre la crisis que enfrentan las isapres. La encuesta abordó temas como las expectativas frente a un eventual escenario de quiebra, la percepción sobre la posición del Gobierno ante el problema y la actitud frente a una posible reforma en el sistema de salud, entre otros aspectos. La muestra consideró un universo de 933 personas, todos afiliados a alguna isapre, tanto mujeres como hombres mayores de 18 años y residentes de las 16 regiones del país.

En relación al Gobierno y el posible fin del sistema, los resultados indicaron que la mayoría de los encuestados piensa que el Ejecutivo carece de voluntad o interés para resolver la actual crisis. Frente a la pregunta «¿Usted cree que el Gobierno quiere ayudar a resolver los problemas que hoy enfrentan las isapres o prefiere que el sistema se termine?», el 55% de los consultados eligió la opción «Prefiere que el sistema termine», mientras que el 33% optó por la alternativa de «el Gobierno sí quiere resolver los problemas».

En cuanto a la edad, los adultos mayores de 61 años y más son quienes más creen que el Ejecutivo prefiere que el sistema de isapres llegue a su fin, con un 61% de esa opinión. Por otro lado, entre los más jóvenes, de 18 a 30 años, el 54% de ellos se inclina por esa opción. En términos de género, tanto mujeres como hombres comparten en un 55% la creencia de que el Gobierno prefiere poner fin a las aseguradoras.

En caso de que el sistema de isapres colapse, el 81% de los encuestados sostiene que Fonasa no está preparado para recibir a los más de 3 millones de afiliados de isapres y garantizarles una atención de calidad. Solo el 13% cree que el sistema público podría recibirlos adecuadamente.

Las mujeres son las más escépticas sobre las capacidades de Fonasa para acoger y proporcionar una cobertura de salud adecuada a los beneficiarios de isapres (85% de ellas), en comparación con el 77% de hombres. Nuevamente, las personas mayores son las más críticas, ya que el 83% de ellas considera que Fonasa no está apto, mientras que el 80% de los jóvenes comparte esta opinión.

En cuanto al impacto de la crisis de las isapres en los prestadores privados, el 62% de los encuestados cree que las clínicas y prestadores enfrentarían problemas en caso de quiebra de las isapres, y muchos podrían verse obligados a cerrar. En contraposición, el 29% no cree que serían mayormente afectados.

Desglosando por género, la percepción es similar entre mujeres y hombres (61% y 62%, respectivamente). Sin embargo, al analizar por edad, la brecha se amplía. Así, el 73% de los consultados de 61 años y más opina que la quiebra de las isapres afectaría a los prestadores, mientras que el 63% de los jóvenes (de 18 a 30 años) comparte esta opinión.

En cuanto a la propuesta del Gobierno de permitir que las personas que lleguen a Fonasa contraten un seguro complementario para acceder a mejores coberturas de salud pagando un extra del 7% sobre su cotización, el 48% de los encuestados se muestra en desacuerdo, mientras que el 39% está a favor.

Nuevamente, mujeres y hombres tienen opiniones opuestas (48% en contra cada uno), mientras que el 53% de los adultos mayores se opone a la propuesta del Gobierno, cifra que desciende al 43% en el segmento de jóvenes.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, ha enfatizado en reiteradas ocasiones que la crisis que están atravesando las isapres es de su propia responsabilidad, insistiendo en que se debe a años de cobros abusivos a los usuarios. Los consultados en la encuesta de Panel Ciudadano UDD comparten esta opinión, ya que el 40% cree que las propias isapres son responsables de la delicada situación actual debido a «no corregir las deficiencias en su funcionamiento». Otro 33% piensa que, además de las isapres, tienen responsabilidad los políticos por no haber llegado a un acuerdo para reformar la salud; también el Gobierno, por no ofrecer una solución frente a la crisis, y a su vez, los tribunales de justicia, porque han dictado fallos que ponen en riesgo la estabilidad del sistema.

En el grupo de consultados entre 41 y 50 años, el 50% atribuye una mayor cuota de responsabilidad en la crisis a las propias isapres. Asimismo, el 43% de los hombres encuestados comparte esta opinión, mientras que las mujeres se inclinan por esa opción en menor medida, con un 37%.

Los senadores de la comisión de Salud están presionando al Ejecutivo para avanzar en una profunda reforma de salud, una promesa de campaña del Presidente Boric. Sin embargo, en el entorno de la cartera de Salud cerraron la puerta a esa opción durante este gobierno, argumentando que una reforma amplia implica un plazo de al menos tres años de tramitación. Aunque el Ejecutivo se ha manifestado a favor de avanzar hacia un acuerdo general marco sobre la reforma de la salud, el presidente de la comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, expresó su preocupación al considerar que el Gobierno parece estar renunciando a la reforma de la salud debido a los obstáculos en las reformas tributaria y de pensiones.

En relación con una futura reforma de salud, el sondeo refleja que el 65% de los consultados considera que debería existir un plan garantizado de salud, permitiendo a las personas elegir si usan sus cotizaciones para contratarlo con el Estado o con instituciones privadas. El 20% tiene una perspectiva más estatista y piensa que debería existir un plan garantizado de salud financiado con las cotizaciones de todas las personas, gestionado por un fondo común administrado por el Estado. Por otro lado, el 9% cree que no es necesaria una reforma y que el sistema debería mantenerse como está hoy.

En detalle, la población de entre 41 y 50 años es la que más apoya un modelo con un plan garantizado de salud y la opción de elegir entre sistema público y privado, con un 69% de respaldo. Por otro lado, los jóvenes tienden a preferir un plan garantizado de salud con cotizaciones aportadas a un fondo común administrado por el Estado. En cuanto a los adultos mayores, el 16% prefiere mantener el sistema tal como está actualmente.

En cuanto a la propuesta del Gobierno de permitir que las personas que lleguen a Fonasa contraten un seguro, el 48% de los consultados está en contra.

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